Punto y seguido…
Guillermo Nieto Arreola
Las
recientes declaraciones del ministro Arturo Zaldívar como presidente de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación son fuertes, pero a la vez alentadoras para una
sociedad que lo que espera de los tribunales es justicia. El jurista reconoció lo
que pocos han querido entender de las realidades que azotan al sistema de
justicia en el país: “corrupción, tráfico de influencias, nepotismo y, una
violación constante del derecho de acceso a la justicia de los más pobres de
este país”. No es casual, que el ministro en medio de un escándalo jurídico-político
en torno a la independencia judicial y la posible postergación de su mandato
como presidente de esa Corte, reivindique su discurso con un llamado a los
juzgadores del poder judicial federal y, de paso, de los poderes judiciales locales.
Reconocer que México necesita
tribunales más cercanos a la sociedad para atender la violación a sus derechos
humanos, es poner el dedo en la herida más sentida de la sociedad, quien no ha reconocido
en ellos la legitimidad que necesitan, por no ser sensibles y no comprender el
dolor humano a la hora de aplicar la ley. Este es un llamado fundamental para
todos los juzgadores del país. A veces, algunos jueces no entienden el valor
central de lo que implica juzgar; no dimensionan que sus resoluciones son un diálogo
que se instaura para corregir y respetar los derechos de las personas. Piensan que
juzgar es una potestad absoluta y arbitraria, la cual, la aleja del sentido
social al que se refirió el ministro Zaldívar.
México ha vivido más lejanías que
cercanías de la justicia con las personas. Se ha olvidado el sentido social de la
jurisdicción y ha preferido abrir las puertas a la política, que a la justicia,
lo que ha generado durante décadas un distanciamiento social de los mexicanos
con su propio sistema jurídico. El ministro Zaldívar tiene razón, y más allá de
su activismo judicial con “tufos” políticos (como parte de su propia defensa),
reconoce, siente y cree que necesitamos un poder judicial fuerte, más
garantista y progresivo en el tema de la protección a los derechos humanos,
necesario en tiempos en que la propia democracia lo exige.
Sin
embargo, no podemos perder de vista que, si el presidente de la Suprema Corte de
Justicia reconoce que hay un vacío en atender con justicia a los más pobres,
los más marginados, los desprotegidos y olvidados, es porque existe la urgencia
manifiesta de asumir con responsabilidad la tarea jurisdiccional, con una nueva
visión que sea causa suficiente para exigir al mismo tiempo imparcialidad e
independencia judiciales, ya que de otro modo no se podría. Es decir, las
palabras del ministro que llaman a una “justicia transformadora” (sic) para
defender los derechos humanos de los más vulnerables, indirectamente están
exigiendo la fortaleza de ese poder judicial. No puede haber justicia con
dignidad si no existe el respeto de los otros poderes a la labor de juzgar. Es impensable
y difícil de concebir en una verdadera democracia.
A estas palabras no se las puede
llevar el viento, porque la labor de juzgar es pan de cada día. La evolución
del constitucionalismo moderno nos enseña que ha llegado el momento de que la
jurisdicción se vuelva la herramienta más preciada e idónea para exigir el
respeto a la dignidad de las personas, pues recordemos que el reconocimiento de
los derechos ha tenido más eco en las resoluciones de los tribunales que en la
asamblea del legislativo, como se ha demostrado en los últimos años a partir de
la reforma constitucional de 2011. Por esa razón, esta variable es la que debe explicar
la idea de “justicia transformadora” del ministro, como una armonización con la
propia transición política que vive el país.
Es precisamente esa reforma
constitucional la que le da un giro al entendimiento del sistema jurídico
mexicano, ya que la nueva naturaleza del
principio de supremacía constitucional y la utilización de los principios de
interpretación conforme y pro persona, han generado retos importantes en la formación
de juzgadores en todo el país, que habían estado inmersos en la idea de un
estado más legal y de derecho (poco constitucional y menos convencional), por
lo que, la existencia del parámetro de control de regularidad constitucional derivado
de la contradicción de tesis 293/2011 -cuyo ponente fue el propio Zaldívar-, ha
fincado las esperanzas de una impartición de justicia más garantista, justa y de
protección de los derechos humanos, tal y como lo exige la citada reforma.
Es
así que el llamado del ministro presidente debe permear no sólo en el poder
judicial federal, sino también en las entrañas del poder político y de los
poderes judiciales locales (en donde se observa una desafortunada dependencia política
y económica de los poderes ejecutivos en turno, así como una incipiente
intención de defender la independencia judicial). Lograr que la justicia llegue
a los lugares más recónditos del país y a los más pobres implica no solo un
discurso y compromiso con la labor de juzgar, sino de voluntades políticas reales
que no vean en la justicia un eslabón o peldaño de extensión del poder mismo, ignorando
realidades y que, por esa razón, se soslayen los deseos de una sociedad con sed
de justicia. Cuando entendamos ese mensaje de la sociedad, los tribunales
podrán aspirar -entonces- a ser más justos, más respetuosos de los derechos de
las personas, más comprometidos con la paridad de género, la transparencia y la
imparcialidad, pues la justicia no es un tema político -acaso jurídico-, más
bien, de voluntades humanas, lo que representa a veces su mayor problema, y
esto lo sabe perfectamente el ministro Zaldívar. Ojalá su llamado se entienda
en su justa dimensión.
Julio de 2021
