“Análisis deóntico de la norma jurídica”

Guillermo Nieto Arreola

El estudio de la norma jurídica implica problemáticas y enfoques diversos. Por un lado, determinar las combinaciones posibles con los enunciados jurídicos,  disposiciones normativas o proposiciones jurídicas y, por el otro, el análisis deóntico que de ella se haga una vez identificada. Para que ello ocurra, es importante encontrar su justificación en el sistema y determinar su precisión, su sentido en sí mismo dependiente el caso sujeto a su vigencia.

Una norma jurídica configura una estructura que descansa en los ámbitos internos de validez en los que es aplicable: la clase de acción que describe (ámbito material), la clase de sujeto especificado (ámbito personal) y el tiempo y espacio en que habrá de aplicarse (ámbito temporal-espacial). Así, una norma obliga, permite, prohíbe o faculta dentro de ciertos ámbitos, es pues la regla de conducta por excelencia que debe observarse, ya que tiene un carácter prescriptito, mientras que las proposiciones jurídicas o enunciados son sólo descriptivos, de ahí la importancia del estudio de la norma. A pesar de esta  combinación, la norma tiene un carácter deóntico (obligatorio) que no siempre es en la medida de su texto sino de su sentido, de su teleología.

Sin embargo, no debemos olvidar que el derecho debe ser entendido como un lenguaje que mediante expresiones lingüísticas ordena conductas debidas, es decir, normas y enunciados jurídicos que en el ámbito de la dogmática jurídica deben ser analizados. Por tanto, para hacer un análisis deóntico de la norma se requiere delimitar un objeto de estudio, es este caso, el sentido de la norma misma en relación a la conducta o al principio o la directriz que contempla, más aún si entra en aparente contradicción con otra o si existe una laguna o silencio rebasado por el hecho jurídico.

Lo deóntico en la norma significa lo debido, que no puede ser sustituida por otra norma, sea moral o religiosa, por citar un ejemplo. De ahí que el carácter de las normas se refiera a la modalidad deóntica que caracteriza una conducta humana. Atendiendo a su carácter las normas pueden dividirse en obligatorias, permisivas, prohibitivas y facultativas. Por ello, el análisis deóntico redunda en la fuerza del lenguaje de la norma, es decir, si obliga, permite, prohíbe o faculta a realizar cierta conducta en concordancia con su naturaleza, con el sistema en sí.

Este esquema de la teoría del derecho, tiene que ver con la teoría de la argumentación que parte de la interpretación jurídica para descifrar el contenido de una disposición normativa y justificar al derecho mismo a través de medios de convicción jurídicamente posibles y aceptados en la dogmática y en el derecho positivo. De ahí que al analizar la norma, debemos atender a su sentido lingüístico –prima facie- para descubrir la modalidad deóntica de la conducta que regula. Es decir, qué tipo de conducta es la que se expresa.

Existen tanto disposiciones normativas que expresan una o varias normas jurídicas, como algunas que no expresan ninguna. Es decir, hay enunciados o proposiciones jurídicas que no regulan ninguna conducta, esto es, leyes que en ciertos artículos no consignan regla de conducta alguna, sino meras enunciaciones o proposiciones. Ante ello, la teoría de la interpretación ha establecido instrumentos de aplicación del derecho, como lo son la subsunción y la ponderación (siendo aplicable a las reglas de derecho la primera y a los principios la segunda), con la finalidad de descifrar el carácter de la norma misma para conocer el tipo de conducta que regula y resolver los casos que se presenten, sean fáciles o difíciles.

En ese sentido, el carácter de la norma depende del modo deóntico en el que se regule la conducta humana; obligando, permitiendo, prohibiendo o facultando la conducta de los individuos dentro del Estado. Lo deóntico va inmerso en la norma, sea para las partes, para el juez o para el propio legislador, la diferencia la marca su sentido, su naturaleza jurídica, ya sea en forma explícita o implícita. Si la norma atiende a una regla y una sanción, deben aplicarse como tal y, si por consiguiente, atiende a una directriz o principio, lo debido es optimizarlo ante un problema de vaguedad. Lo importante es que el caso se resuelva y se argumente su resultado. De ahí la importancia de que una norma jurídica tenga en sí misma una fuerza deóntica.

El México pobre, pero trabajador

Guillermo Nieto Areola

Hay un dato digno de celebrarse y que llama la atención respecto a la personalidad del mexicano. Los mexicanos trabajan mucho, ganan poco, son de los más pobres… ¡pero están contentos!, según se desprende de un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). De ocupar siempre los últimos lugares en los ámbitos social y económico, México por fin accede a un primer sitio en las famosas listas de la OCDE. Y es una sorpresa: Entre los habitantes de los 35 países que integran el organismo, los mexicanos son los que más trabajan, a pesar que los ingleses crean que somos holgazanes, flojos o huevones.

            Este dato puede parecer chistoso, pero es una verdad. Todos trabajan y trabajan pero el poder adquisitivo por lo que obtienen en su trabajo es una ridiculez. Sólo en el supermercado una bolsita te cuesta demasiado y, en el peor de los casos, en una compra se te va tu quincena. Es decir, es cierto que los mexicanos son los que más trabajan, pero no se corresponde con su nivel de vida. Se trabaja por necesidad, no por gusto. Se trabaja doble porque no alcanza. Se trabaja mucho porque de lo contrario no comes. Se trabaja para vivir, no vives para trabajar.

            Pero los mexicanos tenemos otros problemas: somos desordenados, llevamos una vida pública que no se ocupa del bien común. Cada quien jala por su lado, unos corrompiendo a otros, uno más rico del mundo, algunos devengando un sueldo que no se merecen, otros más cobran sin trabajar, unos buenos para nada, otros en el chisme, la intriga, la grilla, y por si fuera poco, la gran mayoría de este país se rompen la… por una miseria y no tienen una expectativa de desarrollo cierta, sin seguridad social ni santo que los proteja.

            Entonces mucho trabajo no es sinónimo de desarrollo. Eso nos queda claro. El país enfrenta ahora una crisis de autoestima, porque le están diciendo al mexicano que aunque trabaje mucho jamás dejará de ser pobre. O sea, en nosotros no opera la regla de a cada quien según su trabajo, sino por el contrario, cada trabajo según el que lo quiera hacer, aunque gane poco. Es curioso cómo este dato puede representar la verdadera realidad del México podre. Más allá de lo que nos han dicho de la inflación, la economía, el precio del dólar, etc., la verdad quedó clara: México es pobre y ni trabajando mucho logra salir de su estancamiento.

            Solo unos pocos aristócratas son lo que viven sin necesidades, pero aún éstos quieren tener cada día más, ello porque el hedonismo, la avaricia o el poder económico es lo que los mantiene vivos, pues como dijera Séneca hay gente que así es feliz y no hay fuerza de Dios que los ilumine.

De cualquier manera, más allá de este notición los mexicanos debemos emprender nuevas actitudes de compromiso social e individual. Por ejemplo, debemos empezar por producir algo valioso todos los días. Intensificar la disciplina como en el estudio, o en aquella actividad que mejor desarrollamos, incluida la casa. Debemos alimentar el cuerpo pero también el alma a través de la lectura, la reflexión del contexto, experimentar emociones y amar lo que hacemos, pues no es posible que en el país tres jóvenes lean un libro al año, de los cuales dos no entienden lo que leen, o sea que es sólo uno. En este sentido, cambiar al país es un asunto de actitud, de voluntad individual que se traduzca en voluntad pública. Es votar responsablemente, es ser un verdadero ciudadano, exigir, vigilar y sancionar. No es estar hablando de democracia y no hacerla. Es olvidar que los intereses privados son primero, como ocurre con la reforma laboral, que un partido político ya la mando a la gaveta porque vienen las elecciones y le puede costar un buen número de votos. Así tampoco se construye nada. Pareciera que todo depende del color. Mientras eso ocurra, seguiremos todos aquí en chinga trabajando mucho sin expectativa de que la economía se mueva. Pero bueno, muchos ya se acostumbraron a vivir en plena crisis.

“LOS DESENCANTOS DE LA POLÍTICA”

Artículo publicado en diversos medios en el año 2009

Guillermo Nieto Arreola

De las diversas acepciones de política en la doctrina, la que nos ocupa adquiere relevancia en cuanto a sus nulos resultados del gobierno de Felipe Calderón en México: “aquella actividad intelectual y material para el logro de objetivos comunes en beneficio de la sociedad.” Es evidente que la praxis no sólo es a través ni de lo intelectual ni de lo común para resolver los problemas que nos aquejan, sino más bien, la materialización de intereses lo que en décadas anteriores se logró en el país, estancándose ahora en los condicionamientos que la percepción de la política establece por legitimar un gobierno.

A partir de 1988 el país comenzó a sentar las bases para una transición democrática, empero, dicha transición sólo logró sacar al PRI de los “Pinos” en el año 2000 y hoy se encuentra en una etapa crítica donde pone de manifiesto el objetivo por conservar la alternancia al costo que sea. El poder entendido como la facultad que tiene una persona, grupo o institución para lograr que otros hagan lo que desean, marca la gran diferencia entre lo que fue la política y lo que ahora se ha construido. Los problemas pendientes en el país como la reforma de Estado o los mecanismos que permitan lograr verdaderos acuerdos entre todos sus  elementos, han sido rebasados por la imperiosa necesidad de obtener poder al costo que sea, incluso, soslayando el desempleo, el nivel de vida y la seguridad pública en México.

Si a esto le sumamos que la división de poderes que vivimos va más allá de su acepción literal y que, por ello, es una realidad donde los sistemas de pesos y contrapesos no los hemos entendido, entonces la política que se practica tiene muchos pendientes por la concepción equivocada de su uso. Los partidos políticos no han sido capaces de frenar la política descomunal del Presidente Calderón en su lucha en contra del narcotráfico, y el poder del Estado cada día se identifica con un totalitarismo que se afana a ser temido en vez de amado. A muchos hoy preocupan las iniciativas del Ejecutivo Federal no solo por su contenido, sino por las posturas que asume, supuestamente en pro de la democracia. Ante esta situación, da la impresión de que unos pocos tienen la razón y nadie es capaz de diseñar un esquema de negociación real que aleje el fantasma de la conservación o logro de poder y se ocupe más del ciudadano.

Estamos partiendo de una premisa equivocada para resolver los problemas, por lo que se ha convertido a la política en una justificante en vez de mejorar la situación del país o, mejor dicho, en vez de enfrentar con madurez lo que la población reclama, como lo es la paz pública y el respeto de los derechos humanos. El desorden institucional cuyo papel de los partidos políticos es fundamental, equivale a pensar  que la política no ha resuelto lo que se supone históricamente debe hacer: construir un verdadero estado de constitucional en donde la convivencia social sea el eje central que nos impulse a vivir dignamente. Discutimos más sin ponernos de acuerdo y, lo peor, la demagogia y el oportunismo vuelven a la escena para adueñarse de los espacios vacíos, sumado a que le hemos colgado a la democracia responsabilidades que no puede resolver, verbigracia, la pobreza y el nivel de vida.

La historia ha cambiado la manera de negociar y de tomar acuerdos,  logrando que la sociedad cada día crea menos en los partidos políticos y desconfíe de la eficacia de los gobiernos. Al parecer, preocupa más el logro de cotos  de poder que el futuro de México y, mientras esto suceda, la transición democrática estará en un “impasse” sin rumbo – desde luego-  y sin resultados, donde cada día habrá menos Estado y todo quedará al azar y a las circunstancias generadas por la ausencia de una política seria y llena de objetivos alejados de lo que en un principio fue común y en beneficio de las sociedades modernas. Mientras esto suceda correrá más sangre y estaremos en la zozobra y el temor, gracias a lo que la política del gobierno de la alternancia no ha logrado.

“GRILLA, GRILLOS Y GRILLEROS”

un ensayo político

por guillermo nieto arreola.

A lo largo de la historia, específicamente de las ideas que construyeron las grandes culturas, hay una palabra que nació con el ser social llamado hombre. Me refiero a la palabra política. Son muchas las concepciones que se tienen. Son, también, muchas formas de gobierno las que pudo construir, así como muchas manifestaciones en contrario que, al final de cuenta, son un derivado de ella, es decir, acciones que surgen en su intento por ejercerla.

Ahí les voy. Por política, en forma muy general, podemos entender tres situaciones importantes. La primera que se refiere al ejercicio del poder, o sea, al arte de gobernar o de administrar los conflictos; la segunda –un poco más social-, es la que se interpreta como el agotamiento de muchos medios para el logro de un objetivo de cualquier naturaleza y, la tercera, la que supone un ejercicio intelectual o físico  que influye en la toma de decisiones colectivas. Es en sí misma, una palabra que encierra diversas manifestaciones sociales, las que desde luego, construyen un sistema de vida ordenado, que transciende en la forma de vida de las sociedades, verbigracia, la democracia; de lo contrario, la política no fuera tan útil para escribir día con día la historia de los pueblos.

Sin embargo, más allá de las concepciones que se tengan, surgen diversas manifestaciones que van en contra de la naturaleza misma de la palabra, es decir, manifestaciones que alteran la forma de vida de la colectividad y convierten el orden en una complejidad social, capaz de vulnerar otras creaciones políticas como la democracia. Aquí, desde luego, pudiéramos citar la tiranía, el despotismo o la demagogia de las que habló Aristóteles en las formas impuras de poder, empero, hay una manifestación mucho más enigmática, sui generis y con ningún valor axiológico.

Hablo de la oposición, de la antitesis de la política, no necesariamente de una concepción del mundo, como lo es la “izquierda”, sino más bien, de una forma de negar la ontología de la  política, y digo esto, porque la política es inherente al hombre, la que ha construido, bien o mal, formas de vida sociales o económicas, como el socialismo o el capitalismo, que son, en el último de los casos, resultado de un ejercicio político humano, en beneficio de masas, que ha construido soberanías y que las ha desbordado a la vez, llevándolas a buscar el dominio más allá de sus fronteras, y que han marcado el destino de la Historia, como sucedió con las dos grandes guerras mundiales.

Me refiero, entonces, a otra palabra: a la “Grilla”. La “Grilla”, como contraposición a la política no ha construido nada, sino al contrario, ha debilitado la fuerza de las soberanías. Para explicarla o definirla, habría que precisar su objetivo, el cual es amorfo e incierto. La grilla en sí, tiene más atributos psicológicos que sociales, pues cuando un individuo fracasa en su intento de hacer política, se dedica a mezclar sus virtudes y defectos para interactuar en el campo político, donde tampoco define amigos o enemigos, sino que, actúa en base a meras expectativas y prejuicios.

“La Grilla” es una acción humana donde los objetivos – como ya dije- son inciertos. Es un derivado de la política alejada de toda axiología la cual la identifica, y desde luego, se contrapone a la democracia. De ahí que ejercerla se traduzca en un verbo llamado “Grillar”. El que lo ejerce  también se contrapone al diálogo, la tolerancia y el pluralismo. Su ejercicio va más allá de una idea colectiva para desembocar en un interés personal, donde las ideas se atacan con atributos personales y no con razonamientos previamente establecidos. Aquí hay una especie de sagacidad o astucia, no una visión generalizada en beneficio de las sociedades. Sin embargo, es capaz de conjugarse para buscar objetivos también inciertos. Así surgen los “Grillos” y los “Grilleros, quienes más allá de construir esquemas para la obtención del poder, está la necesidad imperiosa de pertenecer a un mundo único, donde prevalece la ausencia de valores.

“Los Grillos”, son individuos inseguros de sí mismos que no logran lo que sus aspiraciones personales le establecen, como tampoco los objetivos colectivos, los que desde luego, no existen. Habitan en cualquier organización que tenga que ver con el ejercicio o logro del poder.

Se consideran los más poderosos del planeta precisamente por su concepción del mundo. Piensan que son capaces de alterar cualquier estructura institucional o social y por ello su percepción  de la realidad es peor que el marxismo mal interpretado.

Pertenecen a una raza ambivalente, la cual no tiene definido su hábitat. Hoy son rojos mañana amarillos. Son camaleónicos interesantes. Les gusta proponer -por cierto-, aunque nunca saben lo que implica. Agotan muchos medios como el engaño para lograr algún objetivo –amorfo, incierto y utópico-, la diferencia estriba en los valores. Son como los rudos de la lucha libre. Rompen reglas, a pesar de que de ello derive un retroceso democrático. Son en síntesis, los enemigos del desarrollo en todas sus manifestaciones, ya que, el oponerse al beneficio colectivo, deriva en una guerra sin cuartel que impide formar un frente sólido de batalla. Así son los “Grillos”.

Vayamos con otro calificativo, con los “Grilleros.” Son grupos  sociales organizados que ante la ausencia de un líder definido, se mueven a cualquier parte, sin rumbo y pactando con otros “Grillos”, los cuales influyen en su forma de pensar. Son además nihilistas y escépticos a las políticas gubernamentales. Tienen dotes de anarquismo y también de marxismo mal interpretados a la vez. No pueden estar en un solo lugar. Actúan por apasionamientos incronguentes. Hoy exigen una cosa y mañana se oponen a eso. No tienen rumbo ni visión democrática. Para ellos, la democracia es un asunto de Estado, y por eso, la culpan de todo. Tienen un cristal atravesado donde los prejuicios y las ideas preconcebidas, les fortalece una cultura política ausente también de valores.

 Les gusta discutir sin tomar acuerdos, así como destruir sin construir. En fin, el presente ensayo no basta para definirlos.

Por esa razón, escribir sobre lo que implica la palabra “Grilla”, es una necesidad existencial que nos debe ofrecer una alternativa para enfrentarla. Es como luchar contra una Monarquía sin Estado, donde todas las acciones están fuera de una axiología política que es capaz de destruir y corromper la voluntad que crea la justicia.

En ese sentido, México ha sido un país de “Grillos” más que de políticos, quienes en la mayoría de los casos han secuestrado tanto las instituciones como las organizaciones políticas modernas y ,lo peor, han ejercido la “grilla” en pleno ejercicio del poder dividiendo y asumiendo posturas incongruentes ante los problemas que se supone deben resolver. Eso han hecho los “grillos”.  Luego entonces, la lucha social ya no sólo tiene un enemigo definido, como lo es todo lo  que impida la construcción de un país democrático, sino también, aquél enemigo que a diario se contrapone a la política y que ha generado pobreza y retrocesos en el país, que en este caso, me estoy refiriendo  precisamente a la “Grilla”.

07 de marzo de 2003.

Guillermo Nieto Arreola.

La fiscalización de la política. Un bien necesario.

 Guillermo Nieto Arreola1

Cuando se habla de fiscalizar la política el problema encierra varios aspectos:                     a) financiamiento y control, b) vigilancia gubernamental, c) cumplimiento de propuestas de campaña, d) régimen sancionador d) democracia intrapartidista2 y  e) transparencia. Cada uno abarca características propias que el régimen jurídico explica, con la finalidad de hacer de la política un asunto público, que sea visto y conocido por todos, desde sus causas, medios que la sostienen y desarrollo, siendo un bien social necesario que debe tutelarse a través de instrumentos jurídicos que guíen su ejercicio hacia la democracia.

El presente ensayo analiza el tema de la urgente rendición de cuentas como un tema central que en cada proceso electoral es la manzana de la discordia de los partidos políticos frente a los órganos electorales. En este rubro, los dirigentes partidistas están acostumbrados a su exigencia plena como obligación  democrática a los poderes públicos, pero al interior de sus institutos es algo que no ocupa un lugar privilegiado dentro de sus prioridades o agenda de trabajo, mucho menos frente a la sociedad, hecho que explica los escándalos de corrupción que han ocurrido en los últimos años en algunos países latinoamericanos. Esta es una buena razón para que el tema del control al financiamiento de los partidos políticos a través de una fiscalización adecuada y eficiente, se considere fundamental para garantizar niveles de transparencia que genere confianza ciudadana en las discusiones públicas.

La problemática importa a los estudiosos del derecho constitucional porque se observa que –en la mayor parte de las entidades federativas en México- el diseño de las reglas electorales no obliga a los actores y organizaciones a transparentar el uso de los dineros públicos y privados ejercidos en la política. Si a ello le sumamos las divisiones en la trastienda de los partidos y el órgano electoral -quien generalmente enciende el semáforo rojo frente a las irregularidades-, el problema se torna más interesante aún, porque las conductas de no transparentar los gastos son en detrimento a esa confianza que la sociedad deposita en los partidos políticos. Es obvio que al romperse este vinculo, la decepción se manifiesta en cada jornada electoral con índices de abstencionismo bastante altos3.

Datos recientemente dados a conocer por el propio Instituto Federal Electoral señalan que durante los últimos 11 años, los partidos políticos desarrollaron con desahogo su funcionamiento ordinario, que costó a los contribuyentes casi 20 mil 740 millones de pesos. El cheque mensual de la Secretaría de Hacienda, que equivale a más de 90% de los gastos del día a día, operó una transformación: los partidos políticos adquirieron la talla de corporaciones de perfil patronal. Manejan nóminas, enfrentan demandas por despido y retienen impuestos de sus trabajadores como lo hace cualquier empresa. Camionetas, boletos de avión, celulares, oficinas confortables para jefes con grandes salarios, incluso superiores a los del Presidente de la República, sepultaron el pasado de restricciones de la oposición. Anualmente, el dinero para los partidos creció a un ritmo mayor que la inflación (94.66% en el periodo) y agregó un “copete” de 35% respecto del monto inicial de los años 90.4 Además, el erario suministró dinero adicional al del gasto diario de los partidos: más de 7 mil millones de pesos para cuatro campañas federales. La reforma electoral de 1996 multiplicó el dinero de los partidos, a fin de protegerlos de presiones de grupos con poder financiero, sin prever que el exceso del financiamiento privado se convertiría en el principal problema que opera desde la llamada precampaña sin control alguno. Sumado a ello, la reforma de 2007 dejó intacta dicha fuente de dinero, que carece de un sistema de transparencia y rendición de cuentas; de ahí la importancia y trascendencia para fiscalizar dichos recursos.

Lo anterior encierra dos reflexiones básicas. Primera: la urgente necesidad de dotar de plena autonomía técnica financiera al órgano fiscalizador federal. Aspecto que la pasada reforma electoral no comprendió, pues se limitó a crear un órgano fiscalizador intra, mientras la fiscalización de los dineros que los partidos ejercen en sus actividades ordinarias y de campañas políticas, la realiza la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, quien  a pesar de contar con autonomía de gestión, es un órgano técnico supeditado a la decisión del Consejo General del IFE, quien seguramente –como consecuencia de la crisis que enfrenta su autonomía- actuará bajo presión de los partidos políticos, cuyo proyecto de resolución sobre una posible sanción por malos manejos financieros, puede ser la moneda de cambio para no destituir a ningún consejero o recortarle parte de su presupuesto anual. Segunda: es necesario voltear la mirada al Estado de Chiapas y retomar su experiencia, pues la autoridad fiscalizadora sí goza de autonomía técnico-administrativa y está especializada en la materia, mientras la organización de las elecciones corresponde a otro órgano electoral. Es decir, es un "modelo" innovador que ofrece una separación de funciones fundadas en la autonomía de origen constitucional, lo cual me parece es un paradigma a seguir, porque se ha creado un procedimiento especial y se sumaron medidas que desde diferentes puntos atacan los problemas que surgen en la financiación, especialización y fiscalización de los dineros en la política, todo ello con miras a lograr que la fiscalización sea un asunto técnico y jurídico, más no político. El modelo chiapaneco se armó en el año 2004 y es el precursor de la profesionalización al tema de la fiscalización, descentralizando esa función al órgano que organizaba las elecciones, fortaleciendo su diseño institucional con un Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y una Comisión de Fiscalización Electoral con la reforma local del 2007. Esta reforma abarca temáticas que concuerdan y van más allá de la propia reforma federal de ese mismo año, pues la Comisión es un órgano ex professo para fiscalizar, controlar y vigilar las actividades financieras de los partidos políticos, puede –además- suspender spots publicitarios cuando denigren a un candidato y cuenta con la figura del amicus curiae en las tareas de fiscalización.

La Comisión de Fiscalización Electoral realiza una función que permite no sólo transparentar el uso de los recursos públicos de los partidos políticos, sino prevenir la utilización de capitales ilícitos en sus actividades, lo cual es un verdadero problema al que se enfrentan gran parte de las entidades federativas. Con esta Comisión, el riesgo de una trasgresión al marco normativo electoral disminuye, porque realmente se vigilan los dineros otorgados a los partidos y aquellos que éstos obtienen para financiarse. Esto es posible, porque los partidos están obligados a presentar un informe financiero en forma trimestral y otra anual. Además, en tratándose de la revisión de los gastos de precampaña y campaña, se cuenta con la llamada “política de confronta”, mediante la cual se observan las irregularidades en audiencia pública al partido político para que éste haga las aclaraciones pertinentes, de lo contrario puede ser sancionado.5

El esquema de revisión financiera en Chiapas, obliga a reflexionar si el modelo dual de organizar elecciones y fiscalizar a la vez, sin autonomía técnica y presupuestaria, concentradas en un mismo órgano electoral (como ocurre con el IFE y todos los instituto electorales del país), realmente funciona de manera eficiente y eficaz en relación a la transparencia que se pretende; o, en su caso, si supone un riesgo mayor para que las tareas de fiscalización, vigilancia y control de los dineros en la política se condicionen por poderes fácticos motivados por la dinámica en que se desarrollan los procesos electorales, en la que los partidos políticos a través de cuestionamientos generalmente ajenos a los jurídicos, tratan de lograr posicionamientos políticos o ventajas, ocasionando que posterior a cada elección, no sea casual que se presente el fenómeno de la petición tácita de una fiscalización light a cambio de no presionar o enjuiciar la actuación y el papel del órgano electoral en la elección correspondiente (como ocurrió a nivel federal, no así en el estado de Chiapas), convirtiéndose lo anterior en un círculo vicioso que distrae las tareas reales de fiscalización de la autoridad y, por lo mismo, produce un severo control de los partidos políticos sobre el manejo y disposición de finanzas ilícitas, lo cual supone una impunidad disfrazada de legal o un posible fraude a ley, problemas todos que la entidad del sureste ha tomado en serio y pretende resolver con el diseño de una ingeniería constitucional sui generis, la cual, es ya una referencia obligada para enriquecer y fortalecer los sistemas electorales en Latinoamérica.

Por otro lado, en Chiapas un precandidato puede ser sancionado con la pérdida de su derecho a registrarse o le puede ser revocado por rebasar en un 10% el tope de gastos estipulado para la precampaña. Hipótesis normativa que en otros estados no existe, por lo que corren el riesgo de seguir presenciando campañas políticas con una utilización excesiva de recursos (en gastos de propaganda, compra de votos, etc.), casi siempre motivadas por la celebración de contratos informales6 entre políticos y donadores que ven en una campaña electoral la mejor oportunidad para invertir e inclinar la balanza hacia un ganador a cambio de favores posteriores, cuyo beneficio es, en la mayoría de los casos, la concesión de obra pública que se adjudican –incluso- conforme a la ley, lo que representa una corrupción gubernamental al amparo del marco legal, orquestada y auspiciada desde el proceso electoral.

A 30 años de evolución del nacimiento del sistema de partidos, estos problemas son toda una realidad y representan un desafío para el derecho electoral, cuyas expectativas han sido rebasadas por los excesos en el financiamiento y la falta de una fiscalización y auditoría eficiente a los partidos, temas que no pueden depender del juego de la negociación política sino del derecho, evitando con ello la propagación de una “cultura fatal” de desconfianza de la sociedad a los partidos políticos, e impedir el paso de la partidocracia hacia la dominación de las instituciones públicas, pues aquella se ampara en los poderes facticos de quienes hacen mal uso del dinero en total impunidad, lo cual nos da una idea clara de por qué el tema de la fiscalización electoral, no es un asunto tomado en serio y discutido en todas sus dimensiones por los actores políticos.

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1 Licenciado y Maestro en Derecho Constitucional y Amparo con mención honorífica egresado del INEF. Realizó estudios de Administración Pública y Finanzas Municipales en el INAP. Colaborador honorario de la agencia opinionpress con sede en Europa y de la Comunidad Iberoamericana de Ciencia Política con sede en Argentina. Miembro del Consejo Editorial de la revista PHOLIO. Jefe del departamento de normatividad de la Comisión de Fiscalización Electoral en Chiapas. Autor del libro “El nuevo contexto jurídico de los derechos políticos en México”.

2 La democracia intrapartidista supone mecanismos que garanticen una participación real de la ciudadanía en el interior de los partidos políticos, en el que sus derechos políticos sean respetados y se les garantice pleno acceso a la información que poseen en el cumplimiento de sus fines que tienen encomendados.

3 Con una población total en 2002 de 101 millones 270 mil habitantes, según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 2002 del INEGI, y un padrón electoral de 65 millones 337 mil electores a nivel nacional, de acuerdo con el Instituto Federal Electoral (IFE), históricamente el abstencionismo ha ido en ascenso en México. En el año 2000 con un padrón electoral de 59 millones 591 mil 638 personas el abstencionismo fue mayor en 14% en relación con 1994, cuando dicho padrón ascendió a 47 millones 480 mil 159 electores. En 1994 el abstencionismo fue del 22 por ciento del padrón. En aquellas elecciones el candidato priísta Ernesto Zedillo Ponce de León obtuvo la victoria con 17 millones 341 mil 921 votos. Para el proceso de 2000, el padrón electoral creció a 58 millones 782 mil 737 electores, en total votaron 37 millones 603 mil 923 personas. Vicente Fox, candidato por la Alianza, obtuvo la victoria con un 15 millones 988 mil 740 votos; el nivel de abstencionismo creció hasta el 36.3 por ciento como consecuencia de que 21 millones 178 mil 814 personas no acudieron a las urnas a sufragar.

4 Boletín de prensa dado a conocer por el Periódico El Universal, lunes 07 de enero de 2008

5 El Código Electoral señala en su artículo 293 que los partidos políticos pueden ser sancionados con: a) multa de 25 a 2500 días de salario mínimo vigente en el Estado; b) Reducción de hasta un 50% de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el período que señale la resolución, c) La supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento que les corresponda, por el período que señale la resolución; d) La  suspensión de su registro como partido político estatal o de su acreditación en la entidad para participar en los procesos electorales; y e) La cancelación de su registro o acreditación ante el Instituto como partido político.

6 Los contratos informales han sido secretos a voces entre candidatos y empresarios de la construcción, quienes generalmente financian campañas políticas a cambio de favores posteriores. Este fenómeno ha sido común en los últimos años en México, pues representa un problema a resolver en la financiación de la política. El caso Pemexgate y Amigos de Fox, son un buen ejemplo de ello.

Análisis de las familias jurídicas del Common Law y la Romanista

Guillermo Nieto Arreola1

Sumario: I. Idea preliminar. II. El Common Law.

III. La Familia Romanista. IV. Conclusión.

I.- Idea preliminar

Los sistemas jurídicos en el mundo dependen de una familia jurídica que no sólo los identifica, sino que los distingue por las formas en cómo se aplica la ley. Esas familias están conformadas por una evolución propia de la historia caracterizada por factores sociales, políticos y económicos de la sociedad. La formación de una familia jurídica se determina por su contenido, su estructura, sus fuentes y sus modos en cómo se va construyendo una noción del derecho que, en la mayor de las veces, representa un orden ideológico para resolver.

El presente trabajo analiza brevemente las familias jurídicas del Common Law y la Romanista, ambas diferenciadas por su contenido y sus fuentes. Al final, se hacen las conclusiones generales respecto a sus diferencias, así como a lo que en mayor o menor medida han aportado a la mayoría de los sistemas jurídicos en los estados modernos.

No puede soslayarse que, hoy día las sociedades han diseñado sistemas jurídicos en respuesta a sus propias necesidades. Es difícil encontrar un sistema jurídico puro, es decir, que no tenga la influencia total de una familia en específico. Ello se debe a que el derecho posee un carácter dinámico, tratando de abarcar situaciones del momento que vive el individuo dentro de la sociedad políticamente organizada, pues como diría Luis Recaséns Siches2, el derecho es vida humana objetivada, lo que supone la materialización de los derechos que posee por su propia naturaleza.

II.- El Common Law

Esta familia jurídica posee una característica especial en cuanto a su origen: la costumbre. Significa derecho común porque no es un derecho escrito, que no tiene como fuente a la ley misma. Su aplicación corresponde a los países anglosajones, principalmente en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, lugar a donde Guillermo “el Conquistador” lo llevó después de emprender su cometida conquista.

El Common Law nació en Inglaterra en la Edad Media con la creación de los Tribunales Reales; se formó por las decisiones judiciales de los tribunales, basadas en las costumbres de las tribus germanas que habitaban la isla. Esta familia jurídica tiene como antecedentes las cartas (writ) como protección o declaración de derechos y la Carta Magna (1215) firmada por Juan sin Tierra.3

La Equity4 surgió como una necesidad para resolver los conflictos, fundado en lo escrito, inquisitorial y carente de jurado, inspirado en el derecho canónico y romano, que procuraban hacer justicia donde éstas últimas no podían alcanzar ese fin. La Equity se aplicaba por la jurisdicción del  canciller, a fin de completar y, en su caso, revisar el sistema del Common Law que había resultado insuficiente y defectuoso.

La negativa de los tribunales del Common Law, para conocer determinados asuntos, condujo a la injusticia y ante esto, a la necesidad de remediar las debilidades percibidas en el sistema del Common Law. La respuesta fue el desarrollo de la Equity.5

En la aplicación de la ley en el Common Law impera el razonamiento inductivo, porque se estudian las situaciones particulares del caso en cuestión, y luego se buscan los precedentes dados por hechos similares. Estos precedentes son vinculantes para el juez, ya que se obliga a que la sentencia se ajuste a ellos.

Los jueces en la aplicación del derecho se han basado en otros fallos similares anteriores (característica que heredo el sistema norteamericano) que reiterándose en el tiempo, han consolidado la costumbre. Para resolver la cuestión planteada no se recurre a una norma general, sino a casos de naturaleza similar, resolviéndose de acuerdo a esos antecedentes.

Los sistemas jurídicos con influencia del Common Law son: Reino Unido, Canadá (salvo Quebec donde sólo se utiliza en materia penal), Estados Unidos (menos el Estado de Luisiana), Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica, Hong Kong, la república de Singapur, Malasia y la India.

III. Familia Romanista

Describir la familia jurídica romana es un desafío académico que requiere la atención y la expansión necesaria para su comprensión, ello derivado de sus antecedentes históricos que uno a uno van explicando la construcción del derecho en el mundo.

Roma se caracteriza por su aportación jurídica y por su alternancia política. Ello a pesar de que fue un pueblo guerrero: su Monarquía, la República y el Imperio determinaron las formas en cómo se construyó la idea de derecho para convertirse en un derecho estrictamente escrito.

Como bien es sabido, la familia romanista es parte del derecho en la tradición europea continental, que se caracterizó por los tintes distintos que presentaba, entre ellos, el dotar de poder a las asambleas, misma que estaba conformada por quienes se hubieren erigido como mayoría.

En la familia romanista la ley era la principal fuente de derecho, y la asamblea estaba legitimada para la producción de derecho, y la ley era sinónimo de derecho ya que a través de esta conformados en asamblea, se discutían temas de vital importancia delimitando a la vez lo que los particulares podían hacer por ser parte del conglomerado de derechos que poseían. Uno de los aspectos principales es que la coherencia en las manifestaciones de la voluntad el estado se encontraba asegurado porque estas venían a través de las leyes. En este momento no se planteaba la coherencia de las propias leyes ya que esta venia asegurada por la unidad y homogeneidad de los intereses de la asamblea; por lo anterior el principio de legalidad era positivista y por lo tanto, la producción jurídica se concentraba en una sola instancia, en este caso la legislativa, que suponía una reducción de todo lo que es derecho a lo dispuesto por la ley justicia, etc., concibiendo la actividad de los juristas a servicio de la ley.

En cuanto al estado constitucional de derecho, se afectaba la posición de la ley encontrándose por primera vez subordinada, de la misma manera que el legislador, ya que está subordinado a una constitución. El objeto subjetivo es condicionar y por tanto orientar los desarrollos o producciones de ley o de leyes generando por la heterogeneidad y ocasionalidad de sus contenidos.

La familia romana ha otorgado al mundo entero la tradición de legislar, de hacer del derecho un cúmulo de textos, de codificación, cuya expansión inició en Europa y se extendió a gran parte de los países de América Latina. Ello derivó en la utilización de la lógica formal como elemento primordial para resolver los conflictos, lo que supuso el desarrollo del derecho como un mero mecanismo legalista, inspirado en los textos y alejados de los principios y del individuo.

IV. Conclusiones

Las familias del Common Law junto con la Romana, son dos de las familias jurídicas contemporáneas más importantes. Son las que más se han extendido en el mundo, tanto por haber sido adoptadas por un gran número de países, como porque también han influido en la formación de los sistemas jurídicos de muchos otros.

Si bien ambas iniciaron sus orígenes con los juicios fundado en prácticas públicas o populares, con carácter sumario, quien mayor evolución generó respecto a una aplicación técnica del derecho, fue precisamente la romana. Ello debido a la codificación que se generó en el imperio. El trabajo de los glosadores y pos glosadores fue la mejor muestra de que el derecho iniciaría una etapa sui generis respecto a su tecnificación.

Mientras en el Common Law el precedente y la Equity fortalecen la forma de hacer justicia, la familia romanista nos hereda un formalismo jurídico que ha penetrado a través de la utilización de la lógica formal, lo que no ha dado lugar a estructurar modos argumentativos en los que se privilegie la mejor forma para resolver. Es decir, la codificación ha estado identificada con el positivismo jurídico y la aplicación exacta y literal de la ley, sin márgenes de equidad o justicia, de ahí que el sistema anglosajón haya conservado su identidad, adaptándose a las exigencias sociales, tal y como lo hicieron los norteamericanos con el realismo jurídico y el carácter social de las leyes.

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2 Cfr. Recaséns Siches, Luis, Introducción al Estudio del Derecho, ed. Porrúa, México, 2000, p. 41.

3 Cfr. Sirvent Gutiérrez, Consuelo, Sistemas jurídicos contemporáneos, Ed. Porrúa, México, 2004, p. 66.

4 La Equity llegó a ser un cuerpo de normas jurídicas (elaboradas y aplicadas a lo largo del siglo XV y XVI) paralelas al Common Law. Si bien ésta última no es la familia más antigua, el derecho ingles sí lo es. La recepción del derecho ingles se debió, inicialmente, a la colonización, ya que los ingleses trasplantaron su derecho a los diferentes lugares en donde ejercieron su dominio, tanto las islas británicas como fuera de ellas.

5 Sirvent Gutiérrez, op. cit. p. 71.

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1 Licenciado y Maestro en derecho constitucional y amparo. Doctorante en derecho público en el INEF. Autor del libro “El nuevo contexto jurídico de los derechos políticos en México” (México 2007). Premio al mejor ensayo político  (coautoría) otorgado por el Instituto Electoral del Estado de México.

“Estado, globalización y poder”

Guillermo Nieto Arreola

El mundo da literalmente vueltas y pareciera que se cumple la máxima de John Locke: “el dinero se inventó para acumular la riqueza.” La crisis que estamos presenciando no es más que otro episodio de nuestras desigualdades y la lucha por el control económico mundial. El Estado se ha reducido al límite de las eternas luchas internas por el poder político, pero ellas han perdido su carácter ideológico, sencillamente porque las luchas de las clases sociales están entretenidas en su propia sobrevivencia. La globalización entendida como un proceso de creciente internacionalización del capital financiero, industrial y comercial, nuevas relaciones políticas internacionales y el surgimiento de nuevos procesos productivos, distributivos y de consumo deslocalizados geográficamente, una expansión y uso intensivo de la tecnología sin precedentes, no deja espacio para pensar en órdenes ideológicos puros porque el capitalismo triunfó y ya forma parte de la cultura de los individuos.

A estas alturas nadie pretende compartir lo que posee. Se puede ser altruista pero no comunista. El socialismo ya no es la antítesis del capitalismo porque ambos se complementan; uno necesita del otro. El radicalismo, el anarquismo o la otrora dictadura del proletariado, son meras referencias bibliográficas históricas que nutren el acervo cultural, pero difícilmente le solucionan los problemas a la sociedad en pleno siglo XXI. Hoy son otros los problemas que agobian al mundo (terrorismo, inseguridad, delincuencia, etc.) y por ello los cambios en la política económica afectan en gran medida las decisiones gubernamentales.

El capitalismo ante la crisis económica mundial ha optado por rescates bancarios o automotrices; el socialismo por su parte, se ha abierto a las economías mundiales condicionadas por las reglas del mercado y los seres humanos fundan sus esperanzas en el individualismo como único instrumento para conservar la comunidad política y defender sus derechos. En un contexto así, cómo imaginar luchas ideológicas cuando presenciamos la guerra por el capital y la riqueza en medio de la ineficacia de la clase política por hacer más justo el imperialismo del mercado. Las crisis económicas motivan acumulación de riqueza, más pobreza, reformas políticas constitucionales (como efecto bisagra para unificar a la clase política), emigración, pérdida de la esperanza, etc., lo que trae como consecuencia un ascenso en las formas de hacer política.

Nadie puede soslayar que, vivimos un periodo de crisis económica mundial, en el que existe un periodo de escasez en la producción, comercialización y consumo de productos y servicios en la mayoría de los países. En este sentido, las economías se vuelven cíclicas, porque combinan etapas de expansión con fases de contracción. Bajo este panorama, las crisis económicas administran al Estado y por ende a los individuos. El gran problema es quién determina las pautas para la justicia, es decir, cómo el Estado enfrenta los problemas de desigualdad social ocasionados por la acumulación de riqueza propiciado por el mercado, más aún cuando las crisis permiten la fluidez de capitales sólo a quienes lo poseen.

De esta forma, se abre una corriente alterna de comportamiento dentro de la comunidad, ya que muchos optan por ser altruistas ante las mayorías desiguales y ahí se fundan las políticas públicas con carácter social para que el Estado intente saldar la deuda del bien común ante un problema que no es capaz de enfrentar y resolver el propio individuo, quien ya decidió dejar su suerte al individualismo y la competencia y, en caso contrario, darle sus derechos al Estado a cambio de manutención, lo que conocemos como paternalismo, lo cual ha sido un incentivo para muchas políticas públicas generando mayor pobreza y falta de oportunidades y, en el peor de los casos, mayor dificultad para el desarrollo de una etapa productiva eficaz.

En medio de todo esto, la clase política no discute medidas urgentes para enfrentar la crisis, sino más bien pequeñas dosis de prevención para que el control social no se salga de su cauce; tampoco discute si el capitalismo es o no mejor porque para ellos es un mal necesario. El Estado sabe que ante una crisis económica no hay mucho qué hacer, porque las reglas están dadas y las determina el mercado no la política. Bajo este panorama, los procesos democráticos son una necesidad de hacer copartícipes a los ciudadanos en las decisiones públicas, pero no para abonar una solución a la crisis. La democracia no resuelve el nivel de vida de las personas, sólo garantiza la confianza de que el Estado no desaparecerá.

Las crisis administran al Estado y lo llevan al extremo de cambiar de rumbo cualquier política pública. En esa ambivalencia, capitalismo y socialismo se corresponden porque lo que más les interesa es seguir bajo el mismo pacto, al fin y al cabo saben que nadie se atreverá a discutir un orden ideológico dado cuando esté siempre en peligro su propia sobrevivencia. Por ello, las luchas del Estado en contra de la inseguridad son una necesidad que eleva también el estado de necesidad de los individuos, es decir, ante el miedo, nadie discutirá si el gobernante acierta o se equivoca o, lo que es peor, si el estado restringe libertades fundamentales.