Probablemente
algunos de los problemas más significativos en las democracias contemporáneas
sean a quiénes se eligen y cómo hacer de los elegidos un gobierno eficiente.
Esto radica en la necesidad de encontrar
y diseñar mejores mecanismos de organización, vigilancia y sanción dentro de
los sistemas electorales, más aún, si en los tiempos que estamos viviendo, la
democracia en América Latina no ha respondido a las exigencias ciudadanas, debido
entre otras cosas, a que le hemos colgado preseas
falsas que han generado el sentimiento popular en más de un 50% de los
ciudadanos latinos dispuestos a sacrificar un gobierno democrático en aras de
un progreso real socioeconómico (Informe PNUD). Este enfoque puede darnos una
idea del descontento con la democracia, identificada con los malos gobiernos
que no han sido capaces de solucionar los problemas que nos aquejan a diario
(desempleo, inseguridad, impartición de justicia, nivel de vida, etc.).
Sin
embargo, más allá del diseño de reglas mínimas para conformar los cuerpos
representativos, la democracia en su acepción liberal, exige una transición
social de quienes ejercen los derechos políticos en el Estado; nos referimos al
ciudadano, que más allá de ser una célula integradora de la cosa pública, es un
factor de conservación o cambio de la estructura estadual y, por ende, del
funcionamiento de los gobiernos.
En la jornada electoral de julio
pasado, en la que se eligieron más 2 mil representantes populares, incluido el
presidente de la República, el ciudadano manifestó su derecho político del voto
y, por consiguiente, ejerció una parte de su derecho de participación. Y es que
participar significa “tomar parte”, convertirse uno mismo en parte de una organización
que reúne a más de una sola persona. De modo que la participación es siempre un
acto social: nadie puede participar de manera exclusiva, privada, para sí
mismo. La participación suele ligarse, con propósitos transparentes y casi
siempre favorables para quiénes están dispuestos a ofrecer algo de sí mismos en
busca de propósitos colectivos. La participación es, en ese sentido, un término
grato. La verdadera participación, la que se produce como un acto de voluntad
individual en favor de una acción colectiva, descansa en un proceso previo de
selección de oportunidades. De este modo, la participación es siempre, a un
tiempo, un acto social, colectivo y el producto de una decisión personal.
Más allá de esta decisión ciudadana
de elegir y conformar los poderes públicos, el proceso electoral nos deja
algunas lecciones que no debemos soslayar. En primer lugar, entender que la
disidencia también es democracia, que no todos compartimos la misma idea de
bien común y que, por consiguiente, debemos ser respetuosos de las decisiones
de los demás. En segundo lugar, que existen instituciones, conformadas como
producto de la evolución propia de nuestro sistema político y, por último, que
la violencia no es el camino por ningún motivo para exigir, que el respeto debe
ser siempre la bandera del diálogo y la reconciliación. Eso significa ser un
buen ciudadano, cuando se entienden y comprenden las complejidades de la
democracia, en donde nadie pierde, todos ganan.
Debemos
prepararnos para lo que viene, cerrar la página del conflicto, aclarar los
actos irregulares, organizarnos y actuar en consecuencia con la nueva
conformación de los poderes electos. Por esta razón, se justifica el nacimiento
de una corriente alterna en el pensamiento popular que sea corresponsable en la
vigilancia gubernamental para sancionar a los gobernantes ineptos. Esto motiva
la idea de una neociudadanía capaz de encontrar la fórmula para castigar a
quienes abusan de la democracia y en su nombre gobiernan, mienten y ofrecen
soluciones vagas. El neociudadano es una necesidad social y política para no
regresar al estado de naturaleza hobbesiano y dejar que el Estado pierda su
razón de ser al alterarse los niveles de convivencia.
El
neociudadano es un ente social y político comprometido con su tiempo y su
espacio. Debe ser el artífice de una “oposición responsable”, que no permita
los retrocesos y de esta forma, dirigir por buen camino los destinos de la
Nación. Hoy la calidad sustantiva de los derechos políticos requiere un sistema
electoral que haga efectiva la participación política de los ciudadanos en toda
su dimensión, tanto para elegir a sus representantes como para ocupar los
puestos de elección popular y vigilarlos. Ergo, las exigencias del ciudadano de
hoy no se deben reducir al mero goce de los derechos de votar, ser votado,
asociación o afiliación políticas, porque dichos derechos no son suficientes
para que el pacto social se conserve. Ante la crisis institucional de falta de
cumplimiento de programas de gobierno y el aumento de la impunidad en los
titulares de la administración pública, el ciudadano requiere en su esfera de
derechos nuevos mecanismos de sanción que le aseguren un mejor funcionamiento
al ejercicio institucional y gubernamental. De esta forma, cuando nos referimos
al “neociudadano”, nos estamos refiriendo a los nuevos derechos que el
ciudadano requiere para la consolidación de la democracia no reducida
exclusivamente a los procesos electorales o a las urnas, sino a todo un proceso
de responsabilidad y compromiso con la transparencia, la equidad, la justicia y
el Estado constitucional. Este proceso electoral que vivimos, es propicio para
impulsar desde cualquier ámbito, un neociudadano que responda al verdadero
valor que significa “votar” para elegir a sus representantes. Votar, es también
vigilar y coparticipar en las decisiones colectivas.
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