Guillermo Nieto Arreola
Mucho se ha dicho en torno a las candidaturas independientes o ciudadanas como una alternativa que puede darle al país verdaderas posibilidades de cambio y desarrollo, derivado del desgaste y falta de credibilidad de los partidos políticos en la mayor parte de las democracias modernas. Sin embargo, la experiencia de esta posibilidad en los sistemas electorales no está exenta de riesgos, a pesar de que representa un fortalecimiento al mecanismo de participación ciudadana en los asuntos públicos y, en algunos países, dichas candidaturas optimizan realmente los derechos políticos de los ciudadanos.
Cualquier institución o modalidad en materia electoral responden a un contexto por dos razones: por su funcionalidad y por su necesidad. En el primer caso debe atenderse al papel que desempeñan dentro del sistema, su naturaleza, “funciones claves” que realizan, alcances, costos y beneficios; en el segundo, estamos ante su utilidad, las razones que la justifiquen y su viabilidad. No es lo mismo vivir en un estado democrático en donde no hay ciudadanos, que en uno en el que los ciudadanos hacen la democracia. En esto radica el debate, en el hecho de si las candidaturas ciudadanas son funcionales o necesarias en un país en donde los ciudadanos no hacen la democracia.
La frontera entre la participación ciudadana y las decisiones colectivas es compleja. Los partidos han entrado en un periodo de componenda política limitada por la negociación electoral y los acuerdos minoritarios, a grado tal, que México es el país con mayores procesos electorales y estructura administrativa y jurisdiccional para organizar, vigilar y calificar las elecciones. En esta complejidad, el sistema de partidos ha condicionado el funcionamiento del propio sistema político como estrategia de sobrevivencia y protección, que lo ha llevado –muchas veces- a la polarización política, los gobiernos divididos y las oposiciones irresponsables, todo ello enmarcado en la competencia estrictamente electoral que los ha alejado del ciudadano.
Por esta razón, la alternativa de las candidaturas independientes es necesaria, pero puede ser no funcional o viable en una sociedad en la que, lo que menos existe es ciudadanía. Generalmente, el éxito o fracaso de este tipo de candidaturas dependen del contexto, más que de la novedad o experimentación, incluso, la extensión geográfica, el número de electorales, los cargos a elegir, las formas de financiamiento y fiscalización, son aristas que mayor estudio requieren para conocer su funcionalidad o necesidad.
En México hay un clamor por la necesidad que representa abrir la puerta a una alternativa ciudadana, pero también se corre el riesgo de impedir que quienes aspiren, sean realmente candidatos del pueblo. La diferencia entre una u otra opción, lo determina al final de cuenta –ut supra- el contexto social, pero también el jurídico y el político. Los ciudadanos podremos estar muy ilusionados en pensar que una buena forma de participar en política es no etiquetarse con partido alguno (dado los niveles de desconfianza hacia ellos), pero eso no es garantía que las cosas ocurran siempre así. Al final de cuenta, no habrá democracia si no se optimizan otro tipo de derechos, como lo son los de acceso a la información, petición, asociación, reunión, libertades políticas y, desde luego, el voto libre. Todos estos derechos y libertades las determina la dinámica del poder político y el diseño y ejercicio jurisdiccional. Podremos tener el diseño más avanzado del mundo en materia de participación ciudadana, pero si los sistemas político y jurídico no lo complementan y corresponden, será simplemente un lujo, una joya guardada en el armario.
Lo viable en este momento, es acrecentar y promover la participación ciudadana en aspectos decisorios de la vida política nacional, en donde el derecho a disentir también deba reconocerse y respetarse. La dinámica en que se está presentado la lucha por el poder, puede llevarnos a la politización absoluta en la toma de decisiones, lo cual sería el exterminio del ciudadano, de ahí la necesidad de las candidaturas independientes. Sin embargo, también deben diseñarse mecanismos de vigilancia y sanción que eleve los niveles de confianza ciudadana en la conducción de las políticas públicas, la creación de la ley y la administración de justicia. No es posible que teniendo tantas reglas, el ciudadano siga desconfiando de las autoridades. Antes de pensar en que el próximo presidente pueda ser un ciudadano o un militante, debemos recuperar la confianza institucional y una buena forma de empezar sería, dándole la oportunidad –prima facie- a los municipios del país para que se organicen, decidan y elijan a sus gobernantes, dándoles una opción ciudadana si así lo consideran. Mi preocupación en la elección del poder ejecutivo federal, es que la figura de la candidatura independiente se convierta en la vía para quienes pretenden aprovechar la necesidad social y obtengan ventajas y legitimación, es decir, sean un verdadero hándicap en nombre de la democracia, lo cual me parece sería un verdadero fraude de ley al pueblo mexicano. Con justa razón Bobbio decía que el problema de la democracia, es el exceso de democracia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario